ARGENTINA: EL FUTURO EN EL FONDO DE LA OLLA
Dolores Valle  

El paisaje social que muestra la Argentina desde diciembre desafía la capacidad de asombro de propios y extraños. Primero, un ejército de pobres que hasta entonces se había dedicado a cortar rutas en reclamo de subsidios estatales se lanzó, de un día para otro, a violentos saqueos de comercios. Luego, una clase media cada vez más convencida de que ya no tiene nada que perder (con sus ahorros virtualmente confiscados, golpeada por el desempleo y obligada a abandonar sus hábitos de consumo) llegó al supremo desafío de ignorar el estado de sitio ordenado por un gobierno desfalleciente y continúa empeñada en atronar con sus cacerolas las noches de este ardiente verano austral. No se veía algo así desde hace 15 años, cuando estas mismas capas medias urbanas salieron a defender a la recién nacida democracia de la amenaza de un nuevo golpe militar. “Si se atreven, les quemamos los cuarteles”, gritaban entonces los manifestantes. Ahora, el clamor es más persistente y ruidoso, pero el enemigo tiene un perfil difuso: los bancos que incautaron el dinero de la población, las compañías extranjeras que se enriquecieron con las privatizaciones de las empresas públicas, una Corte Suprema repetidamente manipulada por el poder y una clase política a la que se percibe como irremediablemente corrupta e ineficaz. Después de haber alcanzado el récord de cuatro relevos presidenciales en quince días, los argentinos comienzan a preguntarse si el actual gobierno peronista de Eduardo Duhalde es la única alternativa al proverbial diluvio. Para la conducción económica, el dilema no es menos dramático. El año pasado, US$ 20.000 millones (una cifra equivalente a la mitad del presupuesto nacional) huyeron de los bancos para no volver. Si se dejara que la enfurecida clase media sacara su dinero, la quiebra del sistema sería inevitable. Pero, si se mantiene cerrada esta válvula, se impedirá que llegue oxígeno a la economía, ya extremadamente debilitada, y el colapso arrastraría, de todos modos, al sistema financiero y al país. Los analistas económicos coinciden en que se necesita una inyección del tónico que usualmente administra el FMI a países en desgracia, como México durante la crisis del tequila. Se cree que la dosis necesaria no debería bajar de los US$ 30.000 millones. Pero el Fondo ya ha advertido que, antes, quiere ver un plan económico “viable”, lo que en la jerga del organismo sólo significa otro ajuste fiscal. El problema es que esta receta, en medio del actual incendio, no presenta sólo dificultades técnicas, sino, y sobre todo, políticas. Otro recorte del gasto público seguramente provocará nuevas olas de repudio social y más actos de indisciplina en la tropa peronista, con gobernadores y dirigentes que no ocultan sus propias ambiciones y su rivalidad con Duhalde. Desde Chile, adonde fue a descansar en compañía de su joven esposa (una ex miss universo conocida por haber cultivado las simpatías del dictador Augusto Pinochet), el ex presidente Carlos Menem descargó su envenenada artillería contra el nuevo gobierno. Se sabe que sus servicios de gestor han sido requeridos por las compañías españolas que se hicieron cargo de los servicios públicos. Quieren que Menem mantenga su campaña por la dolarización, un esquema que –según admiten casi todos los economistas- terminaría de hundir a los argentinos, pero que ofrece un último y agónico respaldo a las inversiones que fluyeron hacia el país durante la década de los ‘90.

Asombrados y ausentes

El principal partido de oposición, la Unión Cívica Radical, no sabe aún si podrá sobrevivir a este segundo final catastrófico de un gobierno encabezado por uno de sus hombres (su anterior presidente, Raúl Alfonsín, también debió abandonar apresuradamente el barco, en medio de una amenaza de naufragio). Y el panorama hacia la izquierda es desolador. El Frepaso, socio del radicalismo en la malograda Alianza que gobernó hasta diciembre, carga con su propia cruz: la temprana renuncia de su fundador, Carlos Chacho Alvarez, al puesto de vicepresidente. El gesto, que intentó ser grandioso, terminó siendo interpretado como un signo de inmadurez política. Desorientado y culposo, el Frepaso ha visto a uno de sus dirigentes sumarse al gabinete de Duhalde, y a otro, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, criticar al primero por haberse comprometido con una administración de centro-derecha. El resto de los militantes lame sus heridas y calla. También se ha mostrado silenciosa la diputada Elisa Carrió, quien parecía encarnar el nuevo sueño del progresismo. Brillante abogada, con una larga trayectoria en el partido radical, volcada más recientemente a un fervoroso catolicismo, fundó su propia fuerza política para poner en marcha una investigación sobre corrupción y lavado de dinero que prometía hacer temblar el edificio del poder en la Argentina. Su ingenuidad, según algunos (o su delirio místico, según sus críticos más impiadosos) la llevó a caer en la trampa de suscribir denuncias burdamente fabricadas. Su capital político se vio menguado en las últimas elecciones parlamentarias y no quiso, o no pudo, pescar en las aguas revueltas de la protesta popular. De la izquierda “pura y dura” sólo parece asomar Luis Zamora, un antiguo dirigente trotskista que ahora impulsa vagas consignas de “autodeterminación popular” desde una banca del congreso. Pero Zamora, al menos, camina entre la multitud que golpea las cacerolas, sin recibir más que algún ocasional insulto. El resto de los dirigentes de izquierda permanece al margen de un escenario que, evidentemente, no estaba previsto en sus largas cavilaciones.

Dónde queda la salida

Economistas con prestigio académico y sin vinculaciones con el establishment produjeron, desde las unversidades, un documento conocido como “Plan Fénix”, que desde mediados del año pasado advertía sobre la naturaleza perversa de la convertibilidad y recomendaba una política de redistribución del ingreso. Esta última no es, en la Argentina, una mera consigna populista, sino una necesidad económica cada vez más evidente. Se requiere inyectar dinero en la economía para reanimar el consumo. Pero hay que impedir que esto vaya a financiar la compra de dólares, con lo que se dispararía el tipo de cambio y la inflación. Eric Calcagno, uno de los economistas del grupo Fénix, propone “salir del oscurantismo monetarista”. La salida de la crisis pasa, según él, por la emisión de dinero para distribuirlo entre las capas más carenciadas de la población. Los pobres no lo usarán para especular con el tipo de cambio, sino para comprar comida y otros bienes elementales que la Argentina puede producir en abundancia. De este modo se crearía un círculo virtuoso: aumentaría la demanda, se reanimaría la producción (sin necesidad de grandes inversiones, puesto que el aparato industrial tiene una gran parte de su capacidad instalada sin utilizar, debido a la larga recesión), bajaría el desempleo y mejoraría el poder de compra de la mayoría de los argentinos. De algún modo, volvería a instalarse la lógica que marcó el período de la industrialización, basada en la sustitución de importaciones que predicaban en los años ’60 los economistas de la Cepal (cuya cabeza más visible era, por cierto, el argentino Raúl Prebisch). Calcagno reconoce que para financiar esto no alcanza con emitir más pesos devaluados, sino que hay que cobrarles impuestos a los únicos que, en rigor, pueden pagarlos: las empresas privadas de servicios públicos, los grandes exportadores, y el sector financiero, en especial los fondos de pensión, que disfrutan del raro privilegio de cobrar todos los aportes del sistema previsional, en tanto que el Estado debe pagar todas las jubilaciones.

Fin de régimen

Esto involucra nada menos que quebrar el modelo económico vigente desde 1976. El neoliberalismo reinante durante el último cuarto de siglo apuntó a una fuerte concentración de los ingresos, privatización de todos los servicios públicos, liberalización del sistema financiero, una apertura comercial indiscriminada y una política antiinflacionaria basada en la sobrevaluación de la moneda local. Fue, en esencia, un sistema parasitario: destruyó el aparato productivo y se alimentó, primero, con la venta de todas la empresas del Estado y luego con un desenfrenado endeudamiento externo. La convertibilidad, que fijó la paridad uno a uno entre el peso y el dólar, fue el seguro de cambio gratuito que les permitió los inversores extranjeros remitir la totalidad de sus ganancias en dólares a sus casas matrices. Entre 1993 y 1999, las compañías extranjeras ganaron en la Argentina US$ 17.000 millones, de los cuales sólo reinvirtieron 5.000 millones. El modelo demostró ser sumamente rentable para sus beneficiarios, pero difícilmente sostenible. Con un régimen de convertibilidad, el crecimiento económico hace subir las importaciones, lo que genera déficit externo que debe ser financiado. Si la economía se contrae, baja la recaudación de impuestos y, como el Estado no puede cerrar la brecha con emisión de moneda, también se impone recurrir al endedudamiento. Puesto que ningún país puede vivir eternamente de lo que le presten los organismos financieros y la banca mundial, el modelo de la convertibilidad debía estallar, más temprano que tarde. La explosión llegó, en rigor, demasiado tarde para muchas de las víctimas del modelo (los 14 millones de argentinos que viven por debajo de la línea de pobreza), pero demasiado temprano para la construcción de una alternativa. El economista Naum Minsburg encuentra semejanzas entre esta crisis argentina y la implosión del régimen soviético, que dejó a Rusia en manos de un poder mafioso incapaz de hacer funcionar un modelo capitalista medianamente eficiente. En su libro “La economía posmenemista”, Minsburg muestra cifras elocuentes acerca del rumbo de la Argentina durante el último siglo. Entre 1890 y 1944, con el modelo tradicional agrícola-exportador, el producto bruto por habitante aumentó a una tasa promedio de 1,29% anual. En las tres décadas de desarrollo industrial impulsado por el Estado (1945-1975), el índice trepó a 2,10%. Durante el cuarto de siglo transcurrido desde el golpe militar de 1976, la especulación financiera y los modelos económicos bendecidos por el FMI dejaron al país paralizado, con un escuálido crecimiento del PBI per capita de 0,24% anual. Traducidos al plano social, los números son también claros. Antes de que se iniciara el “milagro menemista” el diez por ciento más rico de la población argentina recibía un ingreso 15 veces superior al diez por ciento más pobre. La inequidad se ha multiplicado por dos en esta década: ahora, la elite gana 28 veces más que los pobres. La solución, dicen los académicos del grupo Fénix, no está a la vuelta de la esquina, pero es económicamente factible. Sólo falta la decisión política de ponerla en marcha. Lo cual no es poco, en un país que ha perdido, de manera casi inexplicable, sus mejores oportunidades. Como suele decirse aquí con escepticismo, “la Argentina tiene un gran futuro a sus espaldas”. El camino de retorno a ese futuro es lo que la gente busca en el fondo de las cacerolas.